¿Hacia que nos dirigimos?

¿Hacia que nos dirigimos? Esta es una pregunta que me hago a diario. Confieso no sentirme capacitado para comprender las reales razones que día a día llevan a nuestra sociedad hacia una debacle casi anunciada.

Quiero creer que todos los que abogan por este "garantismo" existente lo hacen por propia convicción equivocada o no, pero ¿Donde están los límites?

Asesinos que conviven con nosotros y que tienen "permiso" de matar amparados en la impunidad por la edad.

Ocupas que creen tener derechos superiores a mi o a vos que no tenemos acceso a una vivienda propia.

Políticos inmunes a la justicia que parecen reirse de quién trabaja a diario por un magro sustento.

Jueces incapaces y que se amparan en los recovecos de las leyes para que todo sea "ni".

Ya no hay blancos y negros y vivimos en un gris donde parece que todo vale, por no decir "una nube de pedos"

Esta sociedad adoctrina a nuestros niños en una filosofía relativista y les infunde que "todo está permitido", las prohibiciones a los padres a castigar a sus hijos, de imponerles obligaciones domésticas, de vigilar y regular sus horas de salida y entrada a sus casas etc. ¿Quién puede corregir a un joven en una edad difícil para él, como es la pubertad, si el muchacho no quiere hacer caso o se rebela contra quienes le advierten; alegando que es libre de hacer lo que le venga en gana?

Es evidente que el pueblo no está de acuerdo con el funcionamiento de la Justicia. Sin embargo, no sería justo, como a menudo está sucediendo, que el peso de este descontento se descargue siempre sobre los órganos que tienen la función de administrarla que, en muchas ocasiones, no pueden actuar de manera distinta a como lo hacen, aunque ello pueda producir lo que se viene denominando como “alarma social”, debido a la necesidad de ceñirse a lo que las leyes les imponen. 

Es cierto que, el tercer poder del Estado, según Montesquieu, es el Judicial, y a él le corresponde la función de administrar la justicia de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, así como velar porque las leyes que salgan del Legislativo se adapten a la Constitución, para lo cual debiera de tener la autonomía necesaria para poder actuar sin intromisiones políticas ni presiones del resto de poderes fácticos del Estado.

He dicho “debiera tener autonomía” y no que la tenga. Me explico: desde el momento en que el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, son nombrados por el Gobierno, esta independencia que se les podría exigir a jueces y fiscales ha quedado en entredicho y, de hecho, la experiencia nos viene demostrando, que estos funcionarios, en sus actuaciones, son demasiado proclives a seguir las indicaciones de los políticos, de modo que son muchas las ocasiones en las que la balanza de la Justicia parece que se inclina del lado de quienes tienen el poder y en contra de los derechos de aquellos que se le oponen.